Notas de Prensa
23/12/2020.- La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), a través de su Asociación Profesional de Cuadros de Alcoa (CCP-APC), el pasado mes de octubre, contra Alcoa Inespal S.L, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, al considerar que puede existir un delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida que ha atentado contra la seguridad de los más de 600 trabajadores de estas dos fábricas.
A partir de este momento se inicia una investigación judicial en la que CCP-APC actúa como acusación particular contra un total de 10 personas físicas y 9 jurídicas a las que se les acusa de haber defraudado y maquinado para alterar el precio de las cosas con la grave repercusión para el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Hay que recordar que en la querella presentada por CCP-APC se ponía de manifiesto como los querellados urdieron un plan para hacerse con el control de las dos fábricas de Avilés y A Coruña mientras se estaba negociando una solución para evitar un Expediente de Regulación de Empleo comunicado por la dirección de Alcoa, en octubre de 2018, y que afectaba a 688 trabajadores de las dos plantas y que ha resultado ser un presunto fraude.
En este sentido CCP-APC denuncia que fueron objeto de engaño en el transcurso de estas negociaciones ya que las actuaciones llevadas a cabo por los querellados han hecho que las dos factorías terminen en empresas pantalla sin capacidad para llevar a cabo el Plan de Negocios anunciado, ni el pago de los salarios de los trabajadores, ni la posibilidad de conservar sus puestos de trabajo.
En las actuaciones judiciales que ahora se inician, tras la aceptación a trámite de la Audiencia Nacional, se investigará también a los responsables del fondo de inversión suizo Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo a través de las sociedades instrumentales Blue Motion Technologies Holding AG, y la actual propietaria de las fábricas System Capital Management.
Los hechos investigados se remontan a julio de 2019 cuando Alcoa anunció la venta de las dos plantas a Parter Capital Group que se comprometió a mantener los puestos de trabajo de todos los empleados, al menos, durante dos años, sin embargo este fondo de inversión suizo inició una negociación para su venta a los pocos meses, incumpliendo lo acordado con Alcoa.
Con carácter previo a la compra Parter Capital Group y su fondo Blue Motion Technologies Holding AG habían constituido dos sociedades unipersonales de cartera y tenencia de activos ALU HOLDING AC SPAIN SL. y ALU HOLDING AVL 2019 SPAIN SL. con un capital social de 3.000 euros cada una de ellas, como sociedades pantalla que protegiesen al comprador de eventuales responsabilidades patrimoniales, convirtiéndose en titular de ALU IBÉRICA AC SL. (la antigua fábrica de Alcoa en A Coruña) y la ALU IBÉRICA AVL SL, (la fábrica de Alcoa en Avilés), con un capital social de 3 millones de euros cada una de ellas.
CCP-APC manifiesta su satisfacción por haber conseguido que se investiguen unos hechos que han provocado la insolvencia de las dos fábricas de Avilés y A Coruña con el objetivo de lucrarse por parte de los querellados mientras que han puesto en grave riesgo el futuro de las empresas y el de los trabajadores.
