Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) quiere transmitir su absoluto apoyo a los profesionales que han formado parte de las Cajas de Ahorro españolas que, con su labor durante décadas han desarrollado una labor financiera, social e institucional que ha permitido colaborar en el crecimiento de España y su vertebración económica, cultural, educativa y social.

Todos estos profesionales ven hoy con amargura que la desastrosa liberalización de las Cajas -con las reformas del año 1977 (reforma Quintana) y la LORCA del año 1985, que dieron entrada a los municipios y a las Comunidades Autónomas y pusieron los pilares para que el poder político las dirigieran y manipularan a su antojo- , pone en riesgo sus futuros, sus familias y sus esperanzas.

Tras el acuerdo de Bruselas de aceptar el rescate bancario de una parte de nuestras Entidades, las derivadas de las Cajas de Ahorros, todos nos preguntamos qué se hizo mal desde el año 2008 hasta ahora, para que, de las líneas propuestas por Banco de España de crear entidades de mayor tamaño, hayamos acabado en los requisitos que nos imponen con el cierre masivo de oficinas y áreas de negocio sean o no rentables, dando marcha atrás en lo hecho en los últimos cuatro años.

¿Ahora quién tiene la responsabilidad de tan grave error? ¿Los profesionales, que en un número de más de 25.000 personas deben ser despedidos, con unas condiciones económicas muy inferiores a las del año 2009 o 2010? o ¿hemos de pedir responsabilidades a todos los que durante el año 2008, 2009, 2010, 2011 y gran parte del 2012, no han sabido o no han querido resolver la situación?

Desde la primera implantación de la LORCA, a través de las instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas) los partidos políticos han ido moviendo las piezas de su representatividad para ejercer elcontrol total sobre la gestión de las Cajas, sin contemplaciones por la clase política para favorecer sus necesidades: financiación de obra pública, campañas electorales, colocación de amigos y familiares. Éste, y no otro, ha sido el verdadero problema.

Ha habido más colaboradores necesarios en el desastre.

En primer lugar el Banco de España que olvidó, voluntariamente, su obligación de supervisión forzando matrimonios entre Cajas en seguimiento de las consignas que recibiera del Gobierno central o autonómico. Fue el Banco de España, conscientemente, quién “olvidó” facilitar a todos los intervinientes la información real y fiel necesaria para evaluar la conveniencia de aceptar un SIP entre siete Cajas.

Colaboró, y mucho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no suspendió cuando debía (y podía) la cotización de Bankia, permitiendo su desplome y alimentando, incluso, a los inversores especulativos.

La auditora Deloitte jugó un papel fundamental en el desarrollo del desastre. Tras aprobar las cuentas del primer semestre de 2011, y valorar favorablemente la salida de Bankia al parqué (incluso su inclusión en el IBEX), un semestre después se niega a firmar la auditoría sobre los resultados finales del mismo ejercicio. ¿Alguien puede creerse que toda la “ingeniería financiera” necesaria para tapar el agujero ya consolidado en Bankia no fue detectada en julio y sí en diciembre? O Deloitte mintió en julio sabiendo que las cuentas no eran correctas, o mintió en diciembre al decir que no sabía nada de lo sucedido seis meses antes.

Colaboró con fuerza la lucha intestina de poder en que se embarcaron el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, a raíz de la sustitución –política- de Miguel Blesa al frente de, entonces Caja Madrid, para colocar al mando al antiguo jefe (y luego enemigo) de Luis de Guindos, Rodrigo Rato.

De esta lucha de poderes en los altos niveles jerárquicos, los profesionales hemos sido meros espectadores, alejados (apartados abruptamente) de los centros de decisión, tan atónitos como el resto de la sociedad. Por todo ello consideramos que aplicar prácticamente a rajatabla a los profesionales de los bancos nacionalizados las condiciones que la reforma laboral del 2012 ha impuesto, no solo sería injusto y desproporcionado, sino infame y vergonzoso.

Los auténticos responsables de esta perversa situación ahora no saben nada. Uno tras otro van desfilando por los Tribunales de Justicia (bolsillo lleno de prejubilación pactada) a poner cara de paisaje y decir “es que yo no soy experto”, “es que yo votaba lo que me decían”, “es que yo no entiendo de eso”, “es que los empleados hacían lo que querían en las sucursales”. Traidores, mentirosos, desvergonzados e ineptos. Pero eso sí, no se han ido a 22 días por año con 14 meses; sus indemnizaciones se miden, casi todas, con seis ceros.

Sólo existe una frontera que los profesionales de las Cajas no vamos a saltar para explicar a los políticos el daño que nos han hecho, el que nos hacen, y el que nos van a seguir haciendo: El Código Penal.

Una frontera que puede ser muy débil.